Introducción: La propiedad intelectual de variedades vegetales ha adquirido gran relevancia a medida que la agricultura se transforma de una actividad tradicional en una de tipo comercial. Las semillas, por lo general, se adquieren fuera de la unidad de producción, en empresas semilleras, y se trata de materiales que, en su mayoría, han sufrido algún tipo de mejoramiento genético; es precisamente ese proceso tecnológico el que se busca regular y proteger mediante las leyes de propiedad intelectual.

En 2018 se fi rmó el Acuerdo Progresivo y Global para la Asociación Transpacífi ca (CPTPP, por sus siglas en inglés), más conocido como TPP-11, ya que fueron 11 los países que decidieron sostener la iniciativa para fomentar el libre comercio: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El 31 de diciembre de ese mismo año los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá refrendaron el acuerdo comercial tripartita (ahora conocido como T-MEC). Con base en ello, quedó asentada la adopción del Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Por otro lado, el 1 de diciembre de 2018, en su discurso de toma de protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su gobierno no se autorizará la siembra de materiales transgénicos; a partir de ello, se definieron las opciones dentro de las cuales se desarrollarán la ciencia y tecnología de la actividad semillera en los próximos seis años. Por ende, discernir sobre si es conveniente adherirnos o no a tal o cual convenio de la UPOV dejó de ser un tema especulativo; ahora, en cambio, surge la necesidad urgente de dialogar respecto de cómo habrán de proceder los actores sociales involucrados en la actividad semillera.

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